Escribí un informe en 2019 y por ese informe cerró el taller de mi vecino, y llevo seis años cruzándome con él en el portal.

Vivo en un edificio de catorce vecinos en una ciudad media. En la planta baja, con entrada por la calle y una puerta interior al patio, había un taller de carpintería metálica. Lo llevaba un hombre de mi edad, cincuenta y dos ahora, que lo había heredado de su padre.

El ruido. Empezaba a las siete y media. Radial, martillo, y una prensa que daba un golpe seco cada pocos segundos. Hasta las dos, y por las tardes tres días a la semana.

Yo trabajo desde casa desde 2016. Soy traductor. Mi mesa está exactamente encima de su prensa.

Lo que hice, en orden, porque quiero ser justo conmigo y con él:

2017: bajé a hablar. Fue cordial. Él dijo que empezaría a las ocho y no a las siete y media, y lo cumplió unas tres semanas.

2018: volví a bajar. Esta vez menos cordial, por mi parte. Él dijo una frase que entiendo perfectamente: «Esto era un taller antes de que tú vinieras.» Y era verdad: el taller es de 1979 y yo entré en el edificio en 2011.

2018, diciembre: llevé el asunto a la junta de propietarios. Se habló. Se levantó acta. No se decidió nada, porque de los catorce vecinos solo tres estaban en casa por la mañana.

2019, marzo: contraté a un ingeniero acústico. Trescientos ochenta euros. Hizo mediciones en mi salón, con la actividad normal del taller, en horario de mañana, con un sonómetro calibrado. El resultado superaba el límite de la ordenanza municipal para uso residencial de forma clara: no por un decibelio, por bastante.

Y con ese informe presenté una denuncia en el ayuntamiento.

Lo que pasó después no fue lo que yo pedía.

Yo pedía insonorización. Lo pedí por escrito. En la denuncia pone «requerimiento de adecuación acústica». Lo pone.

Pero la inspección municipal, al ir, revisó el expediente del local, y el local tenía una licencia de actividad de 1979 que no se había actualizado a la normativa vigente, y había una ampliación en el patio hecha en los años noventa sin permiso.

Y la insonorización de aquel local, con aquellos muros y aquella altura, costaba según el presupuesto que él pidió cuarenta y un mil euros.

Cerró en noviembre de 2019. Tenía dos empleados.

Los nombres de los dos empleados los sé porque uno de ellos, un chico de veintiséis años, vino a mi puerta en diciembre de 2019 y me preguntó si yo era el del informe.

Y dije que sí.

Y él no gritó. Dijo: «Vale.» Y se fue.

Seis años después.

Mi vecino sigue viviendo en el edificio. Vive en el tercero. Trabaja en un polígono, por cuenta ajena, en lo mismo. Nos cruzamos en el portal, yo diría, una vez cada diez días. Nos decimos buenos días. Los dos.

Su mujer no me saluda. Eso lo escribo sin reproche: me parece lo correcto.

El local de la planta baja está vacío desde 2019. Seis años. Hay un cartel de alquiler descolorido. Y yo trabajo encima de un local vacío, en un silencio que es exactamente el que pedí, y es el silencio más caro en el que he estado nunca.

Lo que de verdad me pesa, y es una cosa pequeña: en el informe acústico, el ingeniero puso una frase en las conclusiones, una frase técnica sobre medidas correctoras posibles. Yo la leí. Y cuando presenté la denuncia, adjunté el informe completo, como debía.

Y nunca, en ninguna de las tres gestiones posteriores, ni una vez, dije a nadie del ayuntamiento que lo que yo quería era que insonorizara y no que cerrara. No llamé. No escribí. Vi el expediente irse hacia el cierre y no levanté el teléfono, porque el silencio ya había empezado y era muy bueno.